DESPOJO DE LA NACIONALIDAD

Caminar por la Avenida 27 de Febrero o por cualquier calle de la ciudad de Santo Domingo  y ser sorprendido por otra persona en tono amenazante con un ama de fuego o arma blanca en las manos exigiéndonos la entrega de nuestra  pertenencia, es una situación desagradable, que llena de indignación y rabia, porque es un atropello burdo al derecho a la propiedad o a la vida.  No es menos indignante moverse en su vehículo por la Avenida 27 de febrero y llegar hasta la Junta Central Electoral (JCE) y ver un grupo de jóvenes dominicanos con una protesta motivada porque esa institución del Estado le ha despojado su derecho a la nacionalidad dominicana.

Cuando el derecho de un ciudadano  es atropellado por una institución pública duele más que cuando lo hace un vulgar delincuente, porque el gobierno y sus instituciones  están llamados a protegerlo y garantizarlo. El Artículo 38 de la Constitución de la República establece: “El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.

El derecho a la nacionalidad es una cuestión de dignidad humana. Sin embargo una disposición de un organismo del Estado impide la entrega de documentos de identidad a dominicanos reconocidos como tales por el propio Estado,  por el sólo hecho de que sus padres llegaron al país como “braceros” para el corte de la caña. Esto es un atropello a la dignidad humana, es una disposición inconstitucional que pretende despojar de la nacionalidad a miles de ciudadanos dominicanos.  El despojo de la nacionalidad de una persona equivale matarla civilmente, es desaparecerla en el plano jurídico, robándole  el derecho a ejercer sus derechos. La Constitución de la República establece de manera taxativa en su Artículo 18 numeral 2 que son dominicanos y dominicanas  “Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”, (la del 26 de enero del 2010).

Esos jóvenes que “gozan de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”  han tenido que protestar frente a la JCE  el 12 de marzo de 2013 para que les entreguen sus documentos de identidad, no para que los declaren porque habían sido declarados oportunamente cuando nacieron en el país. Están exigiendo que se le respete el derecho a su nacionalidad, porque dicha situación le está impidiendo el acceso a los derechos constitucionales y le está obstaculizando la movilidad y desarrollo, metiéndolos de manera ilegal en un limbo jurídico. La JCE no tiene derecho a secuestrar documentos de identidad a ninguna persona, lo está haciendo en violación a la Constitución y las leyes de la República.

La sociedad dominicana que es el producto de diversas inmigraciones, país donde no sobreviven tainos ni aborígenes, donde todos tenemos ascendencia extranjera, algunos procedentes de  Europa, otros de  África o de Asia,  debe ser inaceptable que se produzca un proceso de  desnacionalización  en contra de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que están el Registro Civil de la República Dominicana desde el día de su nacimiento. Además de inconstitucional, esto atenta contra la dignidad del ser humano y su vida civil.

Si es por la ascendencia de una persona que el Estado Dominicano va establecer la nacionalidad dominicana, la JCE deberá despojar de su nacionalidad a los 10 millones de habitantes que residen en el país, porque nuestros padres o abuelos o bisabuelos llegaron al territorio nacional de cualquier parte del mundo y todos somos de ascendencia extranjera.

El Poder Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República no debe hacerse de la “vista gorda” ante la actitud de la JCE de despojar de la nacionalidad a los dominicanos de ascendencia haitiana residentes en el país,  en razón de que vivimos en una sociedad de derechos.

LA RAZÓN DE SER DE UNA CAIDA

En medio de una economía golpeada por una de sus crisis de mayor impacto económico y político, la quiebra fraudulenta del Banco Intercontinental (BANINTER) en el año 2003, el actual presidente del PRD Ing. Miguel Vargas Maldonado creó un proyecto político personal llamado MVP que en el año 2008 contó con el apoyo de alrededor del 90% de los dirigentes y miembros del PRD. En su posición de Secretario de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, con los cuantiosos recursos que manejaba esa dependencia del Estado, el Ing. Miguel Valgas organizó una estructura política con miras a postularse como candidato  a la presidencia de la República por el PRD en el momento más oportuno. 

Cuando el Ing. Vargas se presentó como precandidato presidencial, siendo apenas un miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y de la Comisión Política del PRD, estaba siendo respaldado por más del 80% de los dirigentes y por más del 90% de los militantes, apoyo que nunca antes había logrado ningún líder del PRD. Con ostentación  decía “únanse todos, que yo le gano 80 a 20”.

Todos los dirigentes que el actual presidente del PRD excluyó ilegalmente del CEN, los que hoy suspende o bota arbitrariamente  de la fila del PRD, los diputados que renunciaron del PRD al valorar la imposibilidad de un entendimiento dentro de la organización, los miembros y militantes de toda la vida del PRD, le ofrecieron su apoyo decidido, resuelto y sin reservas para que fuera candidato y presidente en las elecciones presidenciales del 16 de mayo del año 2008, para que fuera presidente del PRD en la Convención Nacional del 2009 y muchos de ellos  los apoyaron para que fuera candidato de nuevo para las elecciones del 2012.

Los dirigentes y  militantes del PRD creían que el Ing. Vagas era la posibilidad de regresar al poder en las elecciones del 2008  y por ello contó con el apoyo completo del PRD, de arriba y abajo. Perdió las elecciones y de manera inmediata aspiró a la presidencia del PRD porque se le metió en la cabeza que era conveniente que el candidato del PRD sea al mismo tiempo presidente del partido, lo que no había ocurrido nunca antes. Los dirigentes del partido crearon las condiciones para dar paso a esta apetencia del Ing. Vargas.

 Pero ¿qué pudo haber ocurrido que de un apoyo cercano al 90% de la militancia del PRD haya caído a más o menos 15%? ¿Qué pudo haber ocurrido que con el control de todos los organismos del PRD, haya perdido el apoyo de la mayoría de los dirigentes de esos organismos? ¿Qué pudo haber ocurrido que los directores de los principales organismos del PRD (Secretaría General, Secretaría de Organización y Secretaría Electoral) les hayan retirado su apoyo. ¿Es que todos están locos y han actuado contrario a la lógica política?

La respuesta a estas interrogantes las saben hasta los chinos de Bonao. Sin embargo hay muchos analistas políticos que tratan de explicar lo ocurrido al margen del comportamiento del comportamiento político del Presidente del PRD. La razón de ser de la caída del apoyo de su militancia  de un 90% a más o menos un 15%  ha sido su incapacidad de gestionar las responsabilidades políticas que el pueblo perredeista le confió. Esta incapacidad se manifestó desde el momento en que siendo líder o presidente de todo el PRD se apandilló con un grupo de manera descarada y torpe, imponiendo candidatos a posiciones dentro del partido o a cargos congresuales y municipales.

Su incapacidad de gestionar las responsabilidades políticas se demuestra en el incumpliendo durante cuatro años con su deber de convocar de manera ordinaria los organismos del partido (CEN y Comisión Política), en su práctica de confeccionar irregularmente listado del CEN, entrando y sacando miembros de ese organismo que si fuera una lista de invitación a una fiesta de cumpleaños y  en su comportamiento de quedarse en su casa a ver qué pasa en una campaña política.

Lo peor de esta caída, la cual ha producido una de las crisis más grave en el PRD, es que los intereses personales de sus líderes, su miopía política y su tozudez, disminuyan al  PRD hasta convertir el jacho prendío en sillas rotas, a merced del veredicto  del organismo (TSE) creado para decidir quienes se quedan con las sillas rotas dentro del partido hecho pedazos.   

DECISIÓN ECONÓMICA

La economía como la política es una ciencia de elección, en el sentido de que el agente económico, que somos todos, con sus recursos (valores o tiempo) su decisión económica consiste en elegir una entre las demás  alternativas por las que puede optar. En política al elector se le entrega una boleta para que elija un candidato entre varios postulantes. En economía la boleta que de dispone el elector son los recursos (dinero, bienes, fuerza de trabajo y tiempo) con los cuales va al mercado de bienes y servicios o de trabajo a intercambiarlos por los bienes que él no posee. Cambia dinero por mercancía o mercancía por dinero. Cuando el agente económico elige una cosa pierde la otra. Si esto no sucediera la economía sobrara.

El costo de oportunidad de su elección es igual al beneficio que le reportaría lo no elegido  y estaría dejando  de ganar. Por ejemplo, si  usted tiene que decidir entre matricularse en la universidad y un empleo, si opta por el empleo pierde la matriculación en la universidad.  El costo de oportunidad de emplearse es igual al beneficio que le reportaría la realización de la carrera universitaria, el cual está abandonando por tomar dicha decisión.  Si el beneficio estimado o proyectado proveniente de su elección de  emplearse es superior al que le dejaría la carrera universitaria, la decisión fue económicamente acertada, pues el beneficio supera a lo dejado de ganar.

Las decisiones económicas no sólo consisten en ganar una cosa y perder otra. Es probable que es el agente económico esté ante la situación de poder elegir una cosa a costa de perder una porción de otra. En el ejemplo anterior, usted podría estar ante la posibilidad de emplearse por menos tiempo, es decir, renunciar a una cantidad de horas - empleo  para utilizarlas en una carrera universitaria. En este caso estaría dispuesto a ganar menos dinero en su empleo para dedicarle ese tiempo a sus estudios. Aquí también se aplica la misma lógica: el costo oportunidad de su decisión de estudiar es igual al beneficios que deja de percibir por dedicar menos horas a su empleo.

De una forma similar se analiza la decisión de un agente económico actuando como inversor, éste tiene que elegir una oportunidad de inversión entre una gama de posibilidades. El costo de oportunidad de la inversión por la cual se decida está representado por la tasa de rendimiento de la mejor alternativa de inversión que no ha seleccionado. La inversión en cualquier actividad económica es  financieramente aceptable cuando su tasa de rentabilidad  es superior a la tasa rendimiento de la mejor alternativa  y de riesgo similar a la cual se ha renunciado.

De ahí que las decisiones económicas son aceptadas desde el punto de vista financiero cuando su tasa de rendimiento superan a su costo de oportunidad, es decir, cuando la tasa de beneficio que se espera supera a la tasa de rendimiento de la mejor alternativa de inversión por la cual no se opta.