Caminar
por la Avenida 27 de Febrero o por cualquier calle de la ciudad de Santo
Domingo y ser sorprendido por otra
persona en tono amenazante con un ama de fuego o arma blanca en las manos
exigiéndonos la entrega de nuestra pertenencia, es una situación desagradable, que
llena de indignación y rabia, porque es un atropello burdo al derecho a la
propiedad o a la vida. No es menos
indignante moverse en su vehículo por la Avenida 27 de febrero y llegar hasta
la Junta Central Electoral (JCE) y ver un grupo de jóvenes dominicanos con una
protesta motivada porque esa institución del Estado le ha despojado su derecho
a la nacionalidad dominicana.
Cuando el
derecho de un ciudadano es atropellado
por una institución pública duele más que cuando lo hace un vulgar delincuente,
porque el gobierno y sus instituciones están llamados a protegerlo y garantizarlo. El
Artículo 38 de la Constitución de la República establece: “El Estado se
fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la
protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes.
La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y
protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.
El derecho a
la nacionalidad es una cuestión de dignidad humana. Sin embargo una disposición
de un organismo del Estado impide la entrega de documentos de identidad a
dominicanos reconocidos como tales por el propio Estado, por el sólo hecho de que sus padres llegaron
al país como “braceros” para el corte de la caña. Esto es un atropello a la
dignidad humana, es una disposición inconstitucional que pretende despojar de
la nacionalidad a miles de ciudadanos dominicanos. El despojo de la nacionalidad de una persona equivale
matarla civilmente, es desaparecerla en el plano jurídico, robándole el derecho a ejercer sus derechos. La
Constitución de la República establece de manera taxativa en su Artículo 18
numeral 2 que son dominicanos y dominicanas “Quienes gocen de la nacionalidad dominicana
antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”, (la del 26 de enero del
2010).
Esos jóvenes que
“gozan de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta
Constitución” han tenido que protestar
frente a la JCE el 12 de marzo de 2013
para que les entreguen sus documentos de identidad, no para que los declaren
porque habían sido declarados oportunamente cuando nacieron en el país. Están
exigiendo que se le respete el derecho a su nacionalidad, porque dicha
situación le está impidiendo el acceso a los derechos constitucionales y le
está obstaculizando la movilidad y desarrollo, metiéndolos de manera ilegal en un
limbo jurídico. La JCE no tiene derecho a secuestrar documentos de identidad a
ninguna persona, lo está haciendo en violación a la Constitución y las leyes de
la República.
La sociedad
dominicana que es el producto de diversas inmigraciones, país donde no
sobreviven tainos ni aborígenes, donde todos tenemos ascendencia extranjera,
algunos procedentes de Europa, otros de África o de Asia, debe ser inaceptable que se produzca un
proceso de desnacionalización en contra de dominicanos y dominicanas de
ascendencia haitiana que están el Registro Civil de la República Dominicana
desde el día de su nacimiento. Además de inconstitucional, esto atenta contra
la dignidad del ser humano y su vida civil.
Si es por la ascendencia de una persona
que el Estado Dominicano va establecer la nacionalidad dominicana, la JCE
deberá despojar de su nacionalidad a los 10 millones de habitantes que residen
en el país, porque nuestros padres o abuelos o bisabuelos llegaron al
territorio nacional de cualquier parte del mundo y todos somos de ascendencia
extranjera.
El
Poder Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República no debe hacerse de
la “vista gorda” ante la actitud de la JCE de despojar de la nacionalidad a los
dominicanos de ascendencia haitiana residentes en el país, en razón de que vivimos en una sociedad de
derechos.
