DESPOJO DE LA NACIONALIDAD

Caminar por la Avenida 27 de Febrero o por cualquier calle de la ciudad de Santo Domingo  y ser sorprendido por otra persona en tono amenazante con un ama de fuego o arma blanca en las manos exigiéndonos la entrega de nuestra  pertenencia, es una situación desagradable, que llena de indignación y rabia, porque es un atropello burdo al derecho a la propiedad o a la vida.  No es menos indignante moverse en su vehículo por la Avenida 27 de febrero y llegar hasta la Junta Central Electoral (JCE) y ver un grupo de jóvenes dominicanos con una protesta motivada porque esa institución del Estado le ha despojado su derecho a la nacionalidad dominicana.

Cuando el derecho de un ciudadano  es atropellado por una institución pública duele más que cuando lo hace un vulgar delincuente, porque el gobierno y sus instituciones  están llamados a protegerlo y garantizarlo. El Artículo 38 de la Constitución de la República establece: “El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.

El derecho a la nacionalidad es una cuestión de dignidad humana. Sin embargo una disposición de un organismo del Estado impide la entrega de documentos de identidad a dominicanos reconocidos como tales por el propio Estado,  por el sólo hecho de que sus padres llegaron al país como “braceros” para el corte de la caña. Esto es un atropello a la dignidad humana, es una disposición inconstitucional que pretende despojar de la nacionalidad a miles de ciudadanos dominicanos.  El despojo de la nacionalidad de una persona equivale matarla civilmente, es desaparecerla en el plano jurídico, robándole  el derecho a ejercer sus derechos. La Constitución de la República establece de manera taxativa en su Artículo 18 numeral 2 que son dominicanos y dominicanas  “Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”, (la del 26 de enero del 2010).

Esos jóvenes que “gozan de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”  han tenido que protestar frente a la JCE  el 12 de marzo de 2013 para que les entreguen sus documentos de identidad, no para que los declaren porque habían sido declarados oportunamente cuando nacieron en el país. Están exigiendo que se le respete el derecho a su nacionalidad, porque dicha situación le está impidiendo el acceso a los derechos constitucionales y le está obstaculizando la movilidad y desarrollo, metiéndolos de manera ilegal en un limbo jurídico. La JCE no tiene derecho a secuestrar documentos de identidad a ninguna persona, lo está haciendo en violación a la Constitución y las leyes de la República.

La sociedad dominicana que es el producto de diversas inmigraciones, país donde no sobreviven tainos ni aborígenes, donde todos tenemos ascendencia extranjera, algunos procedentes de  Europa, otros de  África o de Asia,  debe ser inaceptable que se produzca un proceso de  desnacionalización  en contra de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que están el Registro Civil de la República Dominicana desde el día de su nacimiento. Además de inconstitucional, esto atenta contra la dignidad del ser humano y su vida civil.

Si es por la ascendencia de una persona que el Estado Dominicano va establecer la nacionalidad dominicana, la JCE deberá despojar de su nacionalidad a los 10 millones de habitantes que residen en el país, porque nuestros padres o abuelos o bisabuelos llegaron al territorio nacional de cualquier parte del mundo y todos somos de ascendencia extranjera.

El Poder Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República no debe hacerse de la “vista gorda” ante la actitud de la JCE de despojar de la nacionalidad a los dominicanos de ascendencia haitiana residentes en el país,  en razón de que vivimos en una sociedad de derechos.