LA ECONOMÍA LA PERDIÓ , LA TECNOLOGÍA LA GANÓ

La década de los 80 fue llamada la década perdida por los economistas y políticos de América Latina en alusión a la crisis económica de deudas externas impagables, grandes déficits fiscales, altas tasas de inflación y desaparición del tipo de cambio fijo con devastadoras devaluaciones monetarias en la mayoría de los países de la región.  La década perdida fue también la del auge del merengue en la República Dominicana y la década cuando prendieron los 10 inventos que han revolucionado el estilo de vida de más de 70% de la población mundial.

Mientras la economía  perdió la década de los 80, la tecnología de información y comunicación (TIC) la ganó con un progresivo crecimiento y la entrada  triunfal en la vida de la humanidad.

En la década perdida se inició la carrera digital  en el mundo con la introducción al mercado de la computadora personal (PC) (1), la cual constituye el centro neurálgico de la era digital.  International Business Machines (IBM) rebajó los precios  de las PC para llevarlas al alcance de las pequeñas empresas y de los hogares de ingresos medios. Luego  entró en el mercado Microsoft, con  Windows y sistema operativo universal, adueñándose del mercado y facilitando el consumo masivo de computadoras personales. La PC, invento de los 80, le cambió vida a la gente.

Aunque desde la década de los 50 se podía gravar todo lo que aparecía en televisión y las películas del videoclub,   fue en los 80 cuando la grabadora de video  (2) prendió y se hizo  popular en el mundo pasando a formar parte de la historia de la tecnología doméstica y hoy día casi no existe nadie que no tenga algún aparato de reproducción de video.

Asimismo en la década perdida progresó la consola de videojuegos (3). En los 80 fue  cuando los videos juegos comenzaron a parecerse más a la realidad, construyendo entornos virtuales tan vívidos que sumergen en la acción al jugador.

En la década perdida se inventó el módem (4) que fue la primera vía de conexión del  mundo con internet; se inventó el mouse (5) (el ratón de la computadora), que revolucionó el uso de la computadora; se inventó la impresora láser (6), disparando el avance  de la impresión, logrando el máximo rendimiento en las operaciones de impresión de miles de oficinas.

La computadora portátil (7) (Laptop), la cámara digital (8), el teléfono móvil (9) y el smartphone (10), también prendieron   en la década de los 80,  con los cuales se inició un cambio profundo en el estilo de vida de la humanidad, proyectado al mundo de hoy,  donde hay millones de  personas que dedican más de 8 horas diarias al uso de la computadora portátil; que  no pueden prescindir ni un momento de su teléfono móvil y que no pueden viajar sin una cámara digital, siendo estos aparatos electrónicos parte la vida de gente.

EL ARGUMENTO DE LA INSTUCIONALIDAD

Frente a cualquier cuestionamiento al Presidente Legal del Revolucionario Dominicano (PRD), Ing. Miguel Vargas Maldonado,  sobre una posible solución a la crisis que vive esa organización política, responde que eso tiene que ser ventilado en los organismos institucionales del PRD, que él representa la  institucionalidad y que como tal actúa de conformidad a los Estatutos del Partido y a la directrices emanadas de sus organismos. Al juzgar por las veces que el Presidente Legal del PRD pronuncia la palabra “institucionalidad” ante cualquier pregunta de los periodistas habría que definirlo como un dirigente político de profundas convicciones institucionales y democráticas, pero si es evaluado por sus acciones y comportamiento político a lo largo de su ejercicio como presidente del PRD, habría que concluir que la palabra “institucionalidad” es una excusa para ocultar su trasnochado  personalismo y su vocación anti democrática.

El organismo de mayor jerarquía en el PRD es la Convención Nacional, que según sus estatutos tiene que ser convocada para junio de 2013, pero las acciones del Presidente Legal  están orientadas a impedir o boicotear el único espacio que tienen las bases de esa organización para pronunciarse. ¿Cómo se puede ser institucionalista y democrático trabajando en contra del más importante espacio democrático de una organización política, la Convención Nacional, donde la totalidad de su militancia  tiene la oportunidad a para expresar su posición?

El siguiente organismo de mayor jerarquía del PRD es el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) el cual deberá reunirse para conocer las decisiones tomadas en primera instancia  por su Comisión Política, para aprobar la línea política a seguir antes y después de un evento electoral,  entre otras razones. Sin temor a equivocarme, en cuatro años el Presidente Legal del PRD ha convocado a una sola reunión del CEN, la cual se iba a celebrar  en oportunidad aprobar las expulsiones del Ing. Hipólito Mejía, del Presidente en Funciones, del Secretario General y de la Secretaria de Organización, cuya reunión estaba anunciada para las 10 A.M. del 27 de enero de 2013, pero intentó iniciarla a las 9:A.M., solo con la presencia de sus partidarios. La reunión fue frustrada por la intervención de los dirigentes miembros del CEN a quienes se le impedía la entrada al  local del PRD, lugar indicado para la celebración del fracasado CEN.

La Comisión Política del PRD, máximo organismo de operatividad política,  debía reunirse de manera ordinaria mensualmente, es decir, que en cuatro años debió celebrar por lo menos cuarenta y ocho reuniones. Si el Presidente Legal la reunió cuatro veces (una vez por año) fueron demasiadas, pues no puede presentar cuatro actas de reuniones de la Comisión Política en cuatros años. Pero si eso pasó con los organismos de dirección y  operatividad política, ¿qué pudo haber pasado con los demás organismos del PRD?

El Presidente Legal del PRD se pasó cuatro años recurriendo al argumento de “institucionalidad”, pero no reunió a los organismos del Partido teniendo obligación de hacerlo, no creó un padrón de militantes del PRD, no trabajó a favor de la candidatura de su partido, dejó al PRD reducido a su mínima expresión y sumido en el descrédito más profundo de su historia, y a pesar de todo quiere continuar con el argumento de “institucionalidad” para terminar de liquidar al PRD.

Con el argumento de institucionalidad se reúne con quien le da gana para hablar en nombre del PRD, negocia con quien le da la gana en nombre del PRD, sustituye a los organismos y expulsa de la fila de la organización política a cualquier dirigente que reclama institucionalidad en el Partido.

El Presidente Legal del PRD que tanto recurre al argumento de institucionalidad para evadir la solución a la crisis de ese partido, lo que ha demostrado es que poco o nada le importa la instituciolidad y su argumento es un engaño perverso.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Estimo que la alta aprobación que le otorga la sociedad dominicana al Presidente Danilo Medina se debe a que está inaugurando un estilo de gobierno cercano a la gente. Sus visitas sorpresas   a hospitales, como fueron las que hizo al Robert Reid y al Darío Contreras;  a barrios marginados de la capital, como la que hizo a La Barquita; las visitas a diferentes pueblos del interior del país  y a diversos sectores de la sociedad dominicana, para conocer en terreno la deprimente situación de cada uno de los grupos sociales,  han perfilado un estilo atractivo de gobernar, el cual se ha recompensando con una alta aceptación del Presidente de la República. Pero si este estilo gobernar no se acompaña de una política proactiva de gastos, no tendrá ningún impacto en la economía.

Durante los primeros cuatro meses del año 2013 el Gobierno del Presidente Danilo Medina redujo la actividad económica del sector gobierno en 15,000 millones de pesos como resultado de un sobre ajuste fiscal. Para el primer trimestre de este año el Gobierno debió operar con un déficit fiscal ascendente a 17,575.5  millones de pesos, esto es la cuarta parte del déficit presupuestado para el año completo. De acuerdo con las declaraciones de los ministros  de Hacienda, Simón Lizardo y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, así como el director General de Presupuesto, Luis Reyes, el gobierno se ahorró unos 15,000 millones de pesos en el primer trimestre del año; en otras palabras, en lugar de gastar 17,575.5  millones de pesos por encima de sus ingresos fiscales, solo gastó unos 2,500 millones de pesos.

La reducción de la actividad económica del Gobierno en aproximadamente 15,000 millones de pesos provocó una recesión económica en la República Dominicana durante el primer cuatrimestre de este año, la cual se manifiesta en la caída de las ventas del sector comercial y en nivel de actividad del sector industrial por debajo de su potencial.  En respuesta al sobre ajuste fiscal, el Gobierno anunció el jueves 2 de mayo una inversión de 9,000 millones de pesos "inmediatamente", a través de la cual procurará una reactivación económica y promover la creación de empleos.

Los 9,000 millones será aplicados de acuerdo a la declaraciones de los referidos funcionarios de la forma siguiente: 3,000 millones serán invertidos por el Ministerio de Obras Públicas, unos 1,500 millones irán a la construcción de 50 “centros de atención primaria” de salud, 800 millones a la construcción y reparación de viviendas populares y otros 2,000 millones irán a financiar las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como el Banco Agrícola. También recibirán partidas especiales el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), 611 millones; el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), 600 millones; la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) 400 millones y la Oficina de Desarrollo Provincial con un monto de 500 millones  de pesos.

Asimismo, serán destinados 800 millones al Plan de Seguridad Ciudadana para la colocación de cámaras de seguridad y el programa de seguridad vial.  También serán beneficiadas las corporaciones del Acueducto y Alcantarillado de Moca, Puerto Plata, Santiago y La Vega con partidas que oscilan entre los 100 y los 452 millones de pesos.

Entiendo que la reacción del Gobierno ante la recepción económica provocada por el sobre ajuste fiscal  es acertada. Las medidas anunciadas por los referidos funcionarios del gobierno constituyen un reconocimiento a que el origen de la depresión económica por la que atraviesa la economía dominicana es el sobre ajuste fiscal y que esta situación no ayuda en nada a los planes del Gobierno de reducción del desempleo y la pobreza.

Estas medidas deben ser complementadas con una disposición del  Presidente Danilo Medina de producir un aumento general de salario en el público de manera regresiva, desde un 30% para los salarios más bajos hasta un 15% para los salarios más altos. El dinero en manos del público es el  mejor dinamizador de la economía. Los déficits en el sector público no son producidos por los salarios,  se generan como consecuencia de que los costos de las obras públicas salen hasta 10 veces superiores a su valor y a que las compras gubernamentales de materiales y suministros se realizan a costos superiores a los del mercado.

DESPOJO DE LA NACIONALIDAD

Caminar por la Avenida 27 de Febrero o por cualquier calle de la ciudad de Santo Domingo  y ser sorprendido por otra persona en tono amenazante con un ama de fuego o arma blanca en las manos exigiéndonos la entrega de nuestra  pertenencia, es una situación desagradable, que llena de indignación y rabia, porque es un atropello burdo al derecho a la propiedad o a la vida.  No es menos indignante moverse en su vehículo por la Avenida 27 de febrero y llegar hasta la Junta Central Electoral (JCE) y ver un grupo de jóvenes dominicanos con una protesta motivada porque esa institución del Estado le ha despojado su derecho a la nacionalidad dominicana.

Cuando el derecho de un ciudadano  es atropellado por una institución pública duele más que cuando lo hace un vulgar delincuente, porque el gobierno y sus instituciones  están llamados a protegerlo y garantizarlo. El Artículo 38 de la Constitución de la República establece: “El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.

El derecho a la nacionalidad es una cuestión de dignidad humana. Sin embargo una disposición de un organismo del Estado impide la entrega de documentos de identidad a dominicanos reconocidos como tales por el propio Estado,  por el sólo hecho de que sus padres llegaron al país como “braceros” para el corte de la caña. Esto es un atropello a la dignidad humana, es una disposición inconstitucional que pretende despojar de la nacionalidad a miles de ciudadanos dominicanos.  El despojo de la nacionalidad de una persona equivale matarla civilmente, es desaparecerla en el plano jurídico, robándole  el derecho a ejercer sus derechos. La Constitución de la República establece de manera taxativa en su Artículo 18 numeral 2 que son dominicanos y dominicanas  “Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”, (la del 26 de enero del 2010).

Esos jóvenes que “gozan de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”  han tenido que protestar frente a la JCE  el 12 de marzo de 2013 para que les entreguen sus documentos de identidad, no para que los declaren porque habían sido declarados oportunamente cuando nacieron en el país. Están exigiendo que se le respete el derecho a su nacionalidad, porque dicha situación le está impidiendo el acceso a los derechos constitucionales y le está obstaculizando la movilidad y desarrollo, metiéndolos de manera ilegal en un limbo jurídico. La JCE no tiene derecho a secuestrar documentos de identidad a ninguna persona, lo está haciendo en violación a la Constitución y las leyes de la República.

La sociedad dominicana que es el producto de diversas inmigraciones, país donde no sobreviven tainos ni aborígenes, donde todos tenemos ascendencia extranjera, algunos procedentes de  Europa, otros de  África o de Asia,  debe ser inaceptable que se produzca un proceso de  desnacionalización  en contra de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que están el Registro Civil de la República Dominicana desde el día de su nacimiento. Además de inconstitucional, esto atenta contra la dignidad del ser humano y su vida civil.

Si es por la ascendencia de una persona que el Estado Dominicano va establecer la nacionalidad dominicana, la JCE deberá despojar de su nacionalidad a los 10 millones de habitantes que residen en el país, porque nuestros padres o abuelos o bisabuelos llegaron al territorio nacional de cualquier parte del mundo y todos somos de ascendencia extranjera.

El Poder Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República no debe hacerse de la “vista gorda” ante la actitud de la JCE de despojar de la nacionalidad a los dominicanos de ascendencia haitiana residentes en el país,  en razón de que vivimos en una sociedad de derechos.